Madre de Dios ha sido capturada por la minería ilegal. El
paro regional indefinido convocado por la Alianza de Federaciones de Madre de
Dios, que representa a los mineros ilegales en dicha región, es solo parte de
la estrategia que tiene una mafia que desde hace cuatro años se ha ido
consolidando su poder con el fin de sacar el oro sin respetar las normas ni los
ecosistemas que lo albergan. Para ellos, lo único que importa es el negocio
ilegal que beneficia a unos pocos, utiliza a muchos en las peores condiciones y
perjudica a la mayoría de habitantes que viven en esta capital de la
biodiversidad.
Si bien la tala ilegal de bosques era un asunto que
amenazaba a Madre de Dios hace algunos años, la minería ilegal es un asunto
mucho mayor y a gran escala que por la ambigüedad, ineficiencia y en muchos
casos, por la complicidad de las autoridades locales y nacionales que
permitieron que crezca y hasta se instale en el poder: un congresista, el
gobernador regional, alcaldes y la mayoría de los medios de comunicación
locales respaldan sin reparos esta actividad diariamente.
La emisión del Decreto Supremo 013-2015 (control de
insumos utilizados por la minería ilegal) y el Decreto Legislativo 1220
(sanción a la tala ilegal) no son suficiente si no se actúa de manera conjunta
y articulada entre todos los organismos del Estado involucrado en este problema
y se incluye a la población afectada por esta ilegal actividad, algo que no
está ocurriendo.
La gran mayoría de mineros ilegales han cambiado su
residencia a Puerto Maldonado y con el tiempo han cambiado la correlación de
fuerza en las elecciones a favor de ellos y sus representantes que no tienen
ningún reparo en mostrarse totalmente de acuerdo con esta actividad, tomando
partida muchas veces en desmedro de las demás actividades que allí se realizan
como el turismo, gestión de bosques y conservación de áreas naturales
protegidas.
Algunos funcionarios creen que con el solo hecho de poner
más control de los insumos que se usa para la minería ilegal es suficiente. Se
equivocan o pecan de ingenuos. Es un secreto a voces en Puerto Maldonado que
los controles son burlados durante la noche, cuando cualquiera puede comprar
gasolina en la carretera o camionetas adaptadas con más de un tanque de
gasolina, a vista y paciencia de la policía cuyos efectivos en muchos casos
están comprometidos con la mafia.
Incluso, se sabe que hay un mercado negro del combustible
que juega con su especulación y que encarece los hidrocarburos para aquellos
que no trabajan en la minería ilegal, como las poblaciones indígena y
campesina, a quienes perjudica enormemente.
La Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Comunal de
Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu, también son parte de la voracidad de
esta mafia pues el Gobierno Regional de Madre de Dios lleva adelante la
construcción de dos carreteras en zonas de amortiguamiento bajo la fachada de
caminos vecinales, pero en el fondo lo que quieren es abrir trocha para que los
mineros ilegales puedan avanzar en su estropicio.
Las amenazas de muerte están a la orden del día y ya con
el asesinato del Señor Alfredo Vracko Neuenschwander, quien había denunciado
constantemente a los mineros ilegales que invadieron su predio, ubicado en el
kilómetro 95 de la Carretera Interoceánica, en la zona conocida como La Pampa
hace algunos días, han querido dar una señal que están dispuestos a todo, es
decir amenazar y eliminar a quien se les oponga.
Esto tiene que parar y tiene que ser de inmediato sino
Madre de Dios, más que tierra de nadie, se consolidará en lo que hoy es un
territorio de la minería ilegal, casi liberado. Las consecuencias de esto son
funestas para la biodiversidad, las poblaciones indígenas y campesinas que con
mucho esfuerzo fueron construyendo una región que pudo ser el orgullo del país
y que ahora la han convertido en el festín indignante de una actividad que
contamina, deforesta y hasta elimina a quienes no piensan como ellos.
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